Cuando recibes la notificación de un expediente sancionador de transporte, tienes dos opciones: presentar alegaciones en un plazo de 15 días o pagar en los 30 días siguientes con una reducción del 30 %. Si el expediente termina con una sanción, puedes interponer recurso de alzada en el plazo de un mes y, después, acudir a los tribunales en el plazo de dos meses. La Administración dispone de un año para notificarte la resolución; si no lo hace, el procedimiento caduca.
En este artículo explicamos cada fase, cuándo conviene pagar y cuándo defenderse, qué motivos suelen prosperar y qué errores conviene evitar.
Información actualizada a 7 de noviembre de 2026.
Qué normas regulan las sanciones de transporte
Las infracciones y sanciones del transporte por carretera están recogidas en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y en su Reglamento (ROTT), que regula además el procedimiento. En lo que estas normas no prevén se aplica la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.
La mayoría de los expedientes los tramitan las comunidades autónomas. La Dirección General de Transporte por Carretera resuelve los que inician sus propios servicios, y las Subdelegaciones del Gobierno, los derivados de controles en frontera de transporte internacional. Saber qué órgano te sanciona es importante, porque determina ante quién se presentan las alegaciones y los recursos.
Las fases del expediente sancionador
El expediente suele empezar con una denuncia de los servicios de inspección o de los agentes de tráfico, en carretera o tras revisar en la empresa los datos del tacógrafo y la documentación. A partir de ahí, estas son las fases y sus plazos:
| Fase | Qué ocurre | Plazo |
|---|---|---|
| Acuerdo de iniciación | Se te notifican los hechos, la infracción y la sanción que se propone | 15 días para alegar o 30 días para pagar con reducción |
| Prueba | Puedes proponer pruebas y el instructor decide si las practica | Según lo que fije el instructor |
| Propuesta de resolución | El instructor concreta los hechos y la sanción | 15 días para nuevas alegaciones |
| Resolución | El órgano competente impone la sanción o archiva | Máximo un año desde la iniciación |
| Recurso de alzada | Lo resuelve el órgano superior al que sancionó | Un mes desde la notificación |
| Recurso contencioso-administrativo | Lo resuelve un juzgado o tribunal | Dos meses desde la notificación de la alzada |
Si no presentas alegaciones en los 15 días iniciales, el acuerdo de iniciación puede considerarse directamente propuesta de resolución, y el expediente avanza hacia la sanción sin que hayas dado tu versión.
Las notificaciones a empresas se hacen por medios electrónicos. Si no accedes a una notificación en 10 días naturales desde que se pone a tu disposición, se entiende rechazada y los plazos empiezan a correr igualmente. Revisar el buzón electrónico con regularidad es la primera medida de defensa.
¿Pagar con reducción o presentar alegaciones?
Según el artículo 146 de la LOTT, si pagas en los 30 días siguientes a la notificación del acuerdo de iniciación, la sanción propuesta se reduce en un 30 %. A cambio, el pago implica la conformidad con los hechos denunciados y la renuncia a presentar alegaciones, y pone fin al procedimiento. Si presentas alegaciones, pierdes la reducción.
Para decidir, el importe no es el único criterio. Conviene valorar también:
- Si hay motivos sólidos de defensa. Un error en los hechos, un defecto de la denuncia o la caducidad del expediente pueden llevar al archivo, lo que compensa sobradamente la reducción perdida.
- Las consecuencias en el registro. Las sanciones firmes se anotan en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte, y cada expediente se tramita consultando ese historial.
- La reincidencia. Si en los 12 meses anteriores ya fuiste sancionado por otra infracción muy grave, la nueva multa sube a una horquilla de 6.001 a 18.000 euros.
- La honorabilidad. Las infracciones más graves de tiempos de conducción y descanso pueden suponer la pérdida del requisito de honorabilidad, del que depende la autorización de transporte.
En sanciones leves y con hechos claros, pagar con reducción suele ser lo razonable. En sanciones muy graves, o cuando la empresa ya tiene antecedentes, conviene revisar el expediente antes de decidir.
Qué alegar: los motivos más habituales
Caducidad del procedimiento
La resolución debe notificarse en el plazo máximo de un año desde la fecha del acuerdo de iniciación. Si se notifica después, el procedimiento ha caducado y debe archivarse. Conviene comprobar las fechas con cuidado, porque es uno de los motivos que con más frecuencia prosperan. La caducidad no impide abrir un nuevo expediente si la infracción no ha prescrito.
Prescripción de la infracción
Las infracciones de transporte prescriben al año de haberse cometido. Si entre los hechos y la notificación del inicio del expediente ha pasado más tiempo, la Administración ya no puede sancionar.
Defectos en la denuncia o en la notificación
La denuncia debe identificar con precisión el vehículo, al titular, los hechos, la fecha, el lugar y la norma infringida. Una notificación enviada a un domicilio que no es el que figura en el Registro, o una denuncia que no permite saber exactamente de qué se te acusa, puede generar indefensión.
Error en los hechos o en la tipificación
Los hechos que constatan los inspectores en sus actas se presumen ciertos salvo prueba en contrario. Por eso, discutirlos exige aportar pruebas: descargas del tacógrafo, registros de geolocalización, cartas de porte, el documento de control o declaraciones del conductor. También es frecuente que los hechos sean correctos pero estén mal encuadrados en un tipo de infracción más grave del que corresponde.
Quién debe responder
La LOTT atribuye la responsabilidad al titular de la autorización o de la actividad, aunque la infracción la haya cometido materialmente un empleado. Para las infracciones de tiempos de conducción, descanso o tacógrafo existe una excepción limitada: la empresa puede quedar exonerada si acredita que ha sancionado al conductor por esa conducta como falta laboral grave, con una sanción firme. En cargas y documentación, conviene comprobar además si la obligación incumplida correspondía al cargador o a otro participante en el transporte.
Graduación de la sanción
Aunque la infracción exista, la cuantía debe ajustarse a la horquilla legal y a los criterios de graduación: repercusión social, intencionalidad, daño causado, beneficio obtenido y reincidencia. Las multas van desde 201 euros en las infracciones leves hasta 6.000 euros en las muy graves, y pueden ser superiores en caso de reincidencia. Si se impone la cuantía máxima sin justificarla, puede pedirse su reducción.
El recurso de alzada
Contra la resolución sancionadora puede interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación. Se dirige al órgano superior al que dictó la sanción y permite reiterar los argumentos de las alegaciones, añadir otros nuevos y aportar pruebas.
Según la Ley 39/2015, la sanción no es ejecutiva mientras quepa un recurso ordinario en vía administrativa, por lo que no hay que pagarla mientras se resuelve la alzada. La Administración tiene tres meses para resolver; si no lo hace, el recurso puede entenderse desestimado y queda abierta la vía judicial.
El recurso contencioso-administrativo
Si la alzada se desestima, el siguiente paso es el recurso contencioso-administrativo, que se presenta en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución, según la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Conviene tener en cuenta varias cosas:
- Procedimiento abreviado. La mayoría de las sanciones de transporte no superan los 30.000 euros, por lo que se tramitan por este procedimiento, más ágil, ante los juzgados de lo contencioso-administrativo.
- Sentencia definitiva. Por debajo de esa cuantía, la sentencia del juzgado no admite recurso de apelación. Hay que preparar bien el caso desde el principio.
- Abogado y costas. Ante el juzgado es obligatoria la asistencia de abogado, y quien pierde puede ser condenado a pagar las costas de la otra parte.
- Suspensión del pago. Si comunicas a la Administración que vas a recurrir en vía judicial, la ejecución de la sanción puede quedar suspendida hasta que el juzgado se pronuncie sobre la suspensión.
Errores frecuentes que conviene evitar
- No revisar las notificaciones electrónicas y descubrir el expediente cuando ya ha vencido el plazo de alegaciones.
- Pagar por inercia sin valorar la reincidencia ni el efecto sobre la honorabilidad.
- Alegar sin pruebas contra lo que dice el acta de inspección.
- Pasar por alto las fechas, que son la base de la caducidad y la prescripción.
- No conservar los datos del tacógrafo ni la documentación del servicio, que son la principal prueba de defensa.
- Esperar a la vía judicial para dar los argumentos. Lo que no se alega a tiempo es más difícil de hacer valer después.
Qué documentación reunir
- La notificación del acuerdo de iniciación y la denuncia o acta de inspección.
- Las descargas del tacógrafo del vehículo y de la tarjeta del conductor en las fechas afectadas.
- La documentación del servicio: carta de porte o documento de control, contrato con el cargador y facturas.
- La autorización de transporte y los datos de la empresa que constan en el Registro.
- La declaración del conductor y, si existen, registros de geolocalización o fotografías.
Preguntas frecuentes
Si pago con la reducción del 30 %, ¿puedo recurrir después?
La LOTT deja a salvo los recursos que procedan. El Tribunal Supremo ha señalado, en relación con el pronto pago en general, que la renuncia que implica afecta a los recursos en vía administrativa, no a la vía judicial. Pero quien paga acepta los hechos y, si después recurre, tendrá que justificar ese cambio de postura. Si piensas defenderte, lo prudente es hacerlo desde el principio.
¿Tengo que pagar la multa mientras recurro?
No mientras esté pendiente el recurso de alzada, porque la sanción todavía no es ejecutiva. Una vez agotada la vía administrativa, sí, salvo que se suspenda su ejecución al recurrir ante los tribunales.
¿Qué pasa si no hago nada?
El expediente sigue adelante. El acuerdo de iniciación puede convertirse en propuesta de resolución, se dicta la sanción y, si no se paga en periodo voluntario, se exige por la vía de apremio, con recargos.
¿La multa la paga la empresa o el conductor?
Por regla general, la empresa titular de la autorización, aunque la infracción la cometiera el conductor. La excepción para tiempos de conducción y tacógrafo exige que la empresa haya sancionado laboralmente al conductor de forma firme, y conviene estudiarla caso por caso.
En resumen
Ante una sanción de transporte, lo primero es revisar el expediente y las fechas: tienes 15 días para alegar o 30 para pagar con reducción. Si hay motivos de defensa, como la caducidad, la prescripción, un error en los hechos o una sanción desproporcionada, merece la pena alegar y, si es necesario, recurrir en alzada y en vía judicial. Si los hechos son claros y la sanción es leve, el pago con reducción suele ser la opción más eficiente.
En Arven Abogados somos el despacho de abogados de FENADISMER y de la Asociación de Transportistas de Castilla-La Mancha. Desde nuestra área de transporte por carretera revisamos expedientes sancionadores, preparamos alegaciones y recursos y defendemos a empresas y transportistas ante los tribunales. Escríbenos a través del formulario de contacto.
Normativa y fuentes
- Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres: artículos 138 (responsabilidad), 143 (cuantía y graduación), 145 (prescripción) y 146 (procedimiento y pago con reducción).
- Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres: artículos 201 y 203 a 216 (cuantías y procedimiento sancionador).
- Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común: artículos 43 (notificaciones electrónicas), 77.5 (valor probatorio de las actas), 90.3 (ejecutividad) y 121 y 122 (recurso de alzada).
- Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: artículos 46 (plazo), 78 (procedimiento abreviado) y 81 (apelación).
- Resolución de 21 de febrero de 2025, de la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril: clasificación de las infracciones de tiempos de conducción y tacógrafo por gravedad.